CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, OTTO PÉREZ MOLINA

Guatemala, octubre 11 de 2012. 

Excelentísimo Señor Presidente, 

Tengo el honor de dirigirme a UD. para transmitirle —con el mayor respeto— una reflexión derivada de los lamentables acontecimientos del pasado 4 de octubre en Totonicapán, con resultado de seis personas muertas y decenas heridas, como consecuencia de la intervención de militares para disolver una manifestación de civiles. 

La posición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha sido respetuosa —y a la vez crítica— de la participación del Ejército en asuntos de naturaleza policial, por razones de suyo incontestables: 

1. Toda acción policial se realiza con respeto a la vida e integridad de las personas, incluidas las que se encuentran al margen de la ley y podrían ser el objetivo de la operación. De aquí que la policía utiliza la fuerza como  última ratio. En su caso, los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden. Consecuencia lógica de lo anterior es que el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana. 

2. En razón de lo anterior, la policía es la única institución legitimada —en virtud de la formación recibida en su academia— para emplear la fuerza, en la medida necesaria y solo en la medida necesaria, contra la población civil. Por ello es natural que la policía disuelva manifestaciones violentas con el uso de escudos, chalecos, cachiporras, gases lacrimógenos, agua a presión y otras formas que minimizan los daños a las personas; nunca con armas de fuego. 
        
3. Cuando se involucra a militares en operativos policiales (civiles), son usuales las muertes y lesiones a personas, contrario a lo que pasa cuando son los policías quienes atienden cualquier evento donde la afectación a la vida e integridad física de las personas son la excepción. 

4. Cuando intervienen los militares en conflictos de naturaleza civil, se potencian los daños sin lograr soluciones. En el caso de Totonicapán no sólo murieron ciudadanos en ejercicio de la libertad de manifestación, sino que el problema político original se ha agudizado. 

5. La atención de asuntos criminales y de orden público, no se constituye en el desafío militar de “vencer o morir” sino en el objetivo policial de recuperar los espacios de libertad. 

Por ello resulta correcta su decisión de no inmiscuir al Ejército en la disolución de manifestaciones públicas. Sin embargo, de la forma más respetuosa la CICIG recomienda: 

1. Promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial. 

2. Reafirmar la posición de su Gobierno, de fortalecer a la policía preventiva y de investigación. 

De este modo se dará un paso más para consolidar una democracia respetuosa de los derechos fundamentales. 

La CICIG se compromete a seguir trabajando como hasta ahora con el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, para fortalecer las instituciones civiles de seguridad. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un atento saludo, 

                                                Francisco Javier Dall´Anese Ruiz 
                                                          Comisionado

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