El consenso imaginario

Por Christian Echeverría

62 consultas comunitarias (ninguna favorable a la industria extractiva), 391 licencias mineras, 350 mil desalojados-as, 58 municipios declarados ingobernables, 150 destacamentos militares, 15 presos políticos, 1 conflicto educativo, 1 persecución judicial juvenil. Violencia contra líderes, 23 distritos electorales, 158 dignatarios, abstención: 40%,  transfuguismo: 45%, 12 Acuerdos de Paz, 1 Constitución.

En la posguerra todos-as podemos dialogar, pero en el Estado y sociedad antidemocráticos; las oligarquías tienen la última palabra.

El economista argentino Bernardo Kliksberg, impulsor de la Gerencia Social, propone en una de sus obras: ¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina?, la falacia de la mano dura, primero, describir el contexto socioeconómico dentro del cual asciende la inseguridad en nuestras sociedades. Luego, analizar la respuesta más común a la problemática (la mano dura y militarización), para después criticar los resultados negativos de estas acciones, y luego analizar las verdaderas causas estructurales de la misma, terminando con una exposición de algunas experiencias exitosas.

A partir de su trabajo, pude percibir un falso consenso social creado (no sólo sobre esto), difundido desde los centros de formación de opinión en el contexto guatemalteco actual, estrechamente ligados a los centros de poder económico y político, cuya principal víctima es la clase media.

Imaginario oligárquico

Autores como el lingüista holandés van Dyk, proponen que son los actores sociales hegemónicos quienes imponen sus imaginarios al resto. Desde este imaginario, se hace invisible el contexto socioeconómico que genera la criminalidad. Se sustituye por experiencias sociales alienadas y alienantes como: Tengo algo que dar, Subida por la vida, Guatemorfósis o Hambre cero. La descripción de la realidad objetiva a través de las voces de sus actores; ausente absolutamente.

Entonces, la respuesta más obvia al problema, resulta de la concepción contrainsurgente y racista que las oligarquías tradicionales y emergentes tienen del resto del conjunto social. De allí que las capas medias (principales destinatarias de estos imaginarios heredados), carezcan de noción real de colectividad social, y perciban la realidad como si fueran un grupo social cerrado (como las oligarquías), que en realidad no son en absoluto, pero actúan (y les hacen pensar) como si lo fueran. Se auto-anulan como ciudadanos sujetos de derecho, refunfuñando contra todo concepto de derecho social, político, económico, cultural o conquista social. Surge la obediencia ciega a la autoridad. La autoridad oligárquica, a través del gobierno, y su fuerza armada. Al ¨gobierno del cambio¨.

Críticas a los nefastos resultados inmediatos de estas políticas (más conflicto social y polarización), que hoy arroja la militarización de San Juan Sacatepéquez o Santa Cruz Barillas, o la infame persecución judicial que convierte a jóvenes educandos pobres del sistema nacional público, que ejercen derechos como a la libertad de emisión del pensamiento y de reunión y manifestación, en pos de una educación de calidad a la que tienen derecho y es obligación del Estado proporcionar, en adolescentes en conflicto con la ley penal, o a la impunidad de la que gozan sistémicamente funcionarios públicos por tráfico de influencias y asignación de contratos y compras de manera irregular, en medio de serios indicios de mal manejo de fondos ante la complicidad del mismo poder judicial, producto del clientelismo oligárquico, y de agresores criminales del liderazgo social anti transnacional en complicidad con el Estado; son críticas que no forman parte del main stream editorialpara la formación de opinión pública, sino más bien expresiones marginales en medios alternativos.

Conflicto y consenso

La hegemonía liberal criolla impone un consenso imaginario en la vida social: el imperio de la ley. Toda controversia es arbitrada por instituciones vulnerables (y vulneradas) a la corrupción y al clientelismo, antidemocráticas en la práctica. Todo conflicto es suprimido con la fuerza coercitiva del Estado. El conflicto, la contradicción social; no existen. Los sistemas político, judicial y mediático corporativo, le dan una respuesta formalista inmediata: la ley, y con ello lo hacen invisible, lo desestiman. Ya existe un contrato social: la norma. Por eso no se consideran ¨vinculantes¨ las consultas comunitarias, ni las demandas por educación de calidad a los ¨consensos previos¨, ni las moratorias de licencias mineras. Hay una Ley de minería. Por eso es inviable una reforma agraria. Porque no es vinculante.                               

Acuerdos y consensos fallidos

La hegemonía liberal criolla impone un consenso imaginario en la vida social. Por eso no es vinculante el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el papel del Ejército en una Sociedad Democrática. Por eso, a pesar de una democracia formal representativa y de elecciones generales periódicas, los pueblos demandan una refundación del Estado, una reforma a la Ley electoral, porque aquella Asamblea que dio pie a lo que hoy tenemos, fue facilitada en su día (1985) por un Estado terrorista, contrainsurgente y militarizado. Un estado oligárquico antidemocrático.      

El imaginario y sus portavoces

La posguerra es, entre otras cosas, la batalla por las ideas y la moral. Una disputa ética entre las fuerzas del progreso humanista y las antidemocráticas oligárquico-feudales, por ganar la mente y el corazón de la clase media guatemalteca (fundamental, guste o no, para las transformaciones). El papel de los formadores-as de opinión no es menos trascendental en esta batalla abstracta, pero el imaginario político liberal-criollo (oligárquico), hegemoniza la mayoría de espacios (y mentes) formados para este propósito, aún sin pertenecer a este sector social.

Un imaginario así, puede endilgarle igual responsabilidad política a un gobierno pro oligárquico, con un profundo control de las fuerzas coercitivas del Estado (policía y ejército), y con enorme favor de las corporaciones mediáticas, que a los campesinos rurales pobres y en extrema pobreza, actual e históricamente excluidos del proyecto nacional; por el fracaso del diálogo bilateral, relativo a la renegociación de la deuda agraria (dando un ejemplo, pero se puede evocar también el conflicto educativo o el energético), haciendo invisible la descomunal desigualdad socioeconómica, política e histórica entre los sectores sociales representados en la mesa.

Una realidad objetiva, sacrificada en los análisis de columnas, incluso de supuestos periodistas progresistas, que cambian su discurso según al medio en el que los inviten a escribir, confundiendo al lector-a, exaltando el diálogo multisectorial como la finalidad de la acción social en sí misma, y no la transformación de la injusticia social (por medio del diálogo), como dicho fin. Todo en pos de una supuesta igualdad de todo ciudadano ante la ley, que debe ampararle al sentarse a dialogar.

Muchos formadores de opinión, alienados por este razonamiento liberal criollo tradicional caduco, se han atrevido a proponer como apologías de irracionalidad, las demandas de sujetos políticos excluidos (campesinos o estudiantes), que no solo tienen una consecuencia real en sus vidas a partir de su acción política (a diferencia de estos periodistas de clase media), sino también, que esta acción política, es la reivindicación de sus vidas mismas.  

Analizan la realidad (con o sin intencionalidad consciente), a partir del lenguaje de actores sociales que hegemonizan el actual estado de cosas, lo cual produce un impacto conservador en la opinión pública; y no desde la proposición de un lenguaje propio como sujeto social y político, que debe ser un comunicador social. Asistimos entonces a la reproducción de la ideología oligárquica, al sentimiento contrainsurgente de dicho sector hacia el resto del conjunto social, y en los casos más preocupantes, a la ambigüedad y alienación políticas de algunos periodistas con fachada progresista. 

Promueven la sensación y percepción de que los grandes temas de interés social, deben consensuarse, no más allá de los límites que establezcan la ley y el orden republicanos, que además, son y deben ser los únicos posibles. Que demandas que estén fuera de estos linderos, son irracionales (ipso jure), y que aunque obedezcan a reivindicar necesidades históricas, no deben traspasar estos límites formalistas. Entonces para ellos-as, debe haber consenso. Promueven el imaginario de que en Guatemala hay un orden institucional que vale la pena conservar (en ello coinciden con la clase media), consenso mediante, que los actores tienen obligación hasta moral de lograr para ello.

Confunden al lector-a con la ilusión de un consenso social preexistente, haciendo invisible la imposición que le sustituye, haciendo también invisibles los cada vez mayores conflictos sociales, inevitables e irresolubles, bajo un Estado y gobiernos estructurados alrededor de un sector social hegemónico tradicional y/o emergente, que les impide articular ninguna voluntad política para resolver los problemas del pueblo.

Confunden al lector-a con la idea de un consenso que en realidad no existe, y que más bien es sustituido por un conflicto e imposición permanentes. Confunden a la opinión pública, con un consenso imaginario.    

FUENTES PARA EL ARTÍCULO:

Anúncios