Demandas y Acuerdos de la Marcha Indigena, Campesina y Popular en Guatemala

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DEMANDAS Y ACUERDOS CON EL EJECUTIVO

La Marcha Indigena, Campesina y Popular se ha realizado para que se nos den respuestas concretas a planteamientos concretos que fueron hechas en la Declaración inicial de esta marcha. En el presente documentos reafirmamos y detallamos las demandas que corresponden al Organismo Ejecutivo.
1. SOBRE EL TEMA AGRARIO

i.     Sobre familias desalojadas en el Valle del Polochic: Hace un año fueron desalojadas las familias Qeqchi’s del Valle del Polochic violando una serie de procedimientos legales y derechos humanos. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos mandató la aplicación de medidas cautelares que no se han cumplido a la fecha. La necesidad de tierra y la conflictividad en relación a ella tienen raíces históricas que se han agudizado a partir de la penetración del cultivo de caña de azúcar y palma
africana, donde el lngenio Chabil Utzaj ha jugado un papel fundamental en la violación de derechos individuales y colectivos. Ante esta problemática demandamos:

a) Como primer paso el cumplimiento irrestricto y por el tiempo fue sea necesario, de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos, en torno a resolver las necesidades de alimentación, salud, vivienda y seguridad de las familias desalojadas en marzo del 2011 en el Valle del Polochic

b) Adjudicar, a las familias que integran la Comunidad Ocho de Agosto y otras familias que las
mismas comunidades desalojadas definan, por medio del procedimiento de Regularización, la finca número 154, Folio 157, libro 161 en jurisdicción del municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz, denominada Centro Demostrativo del ICT{ por tratarse de una finca propiedad del Estado y que actualmente se encuentra sin ningún uso determinado, lo anterior con fundamento en lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley del Fondo de Tierras

c) Se proceda a ADJUDICARIES tierras suficientes en el más corto plazo posible, en la zona del Valle del Polochig a las familias de las comunidades desalojadas en el mes de marzo de 2011 de las fincas: Los Sauces, Recuerdos, Miralvalle, Río Frío, Paraná, Campana, Bella Flor, San Pablo I y ll, Las Tinajas, Quinich y Semau, así como San Miguelito Cotoxjá, ubicadas en jurisdicción del municipio de Panzós, tomando en consideración que según lo regulado por el Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, que establece que los grupos indígenas que demanden tierras, no deben ser trasladados de las tierras que ocupan.

d) Mientras se resuelven los puntos anteriores, UBICARLAS en un área en jurisdicción del municipio de Panzós, en el Valle del Polochig que llene las condiciones necesarias y se les dote de vivienda y de tierra cultivable para la producción que les permita resolver sus necesidades de alimentación, en lo que se cumple el inciso c). No efectuar ninguna medida de presión en contra de las comunidades y que la PNC cumpla con su papel de no permitir la presencia de fuerzas paramilitares o de otro tipo que realicen acciones intimidatorias, desalojos, etc en contra de las comunidades desalojadas.

i¡a.     Que por medio de un acuerdo gubernativo se devuelva las tierras qub fueron usurpadas por el Ministerio de la Defensa para instalar zona militar No. 21y se otorgue e inscriba, a favor de las familias de !a Comunidad Chicoyoguito del municipio de Cobán Alta Verapaz, las aproximadamente 20 caballerías que se encuentran ociosas y que no están siendo utilizadas

vi¡.     Adjudicación a las comunidades €lleqchi’s de la Sierra de Santa Cruz en Lívingston y el Estor en lzabal, vía amparo de la Procuraduría General de la Nación.

viii.     Por medio del fondo de tierras, fueron adquiridas fincas para familias campesinas, sin embargo, muchas fincas fueron compradas apesar de haber estado sobrevaloradas, improductivas o abandonadas, con plantaciones agotadas, no se les dio la adecuada asistencia técnica y crediticia o sufrieron los embates de los fenómenos naturales. Por lo anterior demandamos la condonación total y definitiva de la Deuda Agraria de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras. Así mismo, también la llamada “Deuda Chortí” otorgada a familias campesinas chortís que habitan una de las regiones más vulnerables en términos de seguridad alimentaria. Para ello se plantea: a) Que el gobierno guatemalteco, asuma la deuda de las comunidades que adquirieron tierras, por medio del Fondo de Tierras, de la manera más ágil posible.

b) Cumplir con los acuerdos asumidos por el Estado, a través de distintos gobiernos, en relación a la Deuda Chortí y que a la fecha no se han cumplido, tomando en cuenta que ex¡ste un precedente del papel del Estado en apoyo a grandes productores, como sucedió con la crisis de los precios ¡nternac¡onales del café.

Reconocer el derecho de posesión a la tierra de las comunidades de Pueblos lndígenas asentadas en áreas que fueron declaradas como Áreas Protegidas y garant¡zar la certeza jurídica, en particular de las comunidades asentadas en la Sierra de las Minas y otras áreas protegidas; nos referimos a las comunidades de: San Francisco ll y lll; Caquihá I y ll, San Vicente I y ll, Monja Blanca, San José las Minas, Santo Toribio, Corozal Río Chiquito, Río Chiquito I y Candelaria ll y San José Tinajas, todas en la Sierra de las Minas y con los cuales no se ha respetado el convenio firmado con CONAP. Asimismo lo relativo a Agua Calienta, San José Sinaché, Tonalá Chimatzatz en Zacualpa, El Quiché y Tecpán Guatemala en Chimaltenango.

Durante generaciones, las familias campesinas e indígenas han poseído la tierra, según sus usos y costumbres, sin tener dichas tierras inscritai en el Registro General de la Propiedad lnmueble, lo que ha dado lugar a abusos y despojos. Cuando se plantea la regularización de las tierras en el Fondo de Tierras, los procesos se estancan o avanzan lentamente. Por lo mismo, demandamos el firme impulso y agilización de la regularización de tierras en las comunidades de la Sierra de Chinajá, Serranía la Bendición y Cerrito Samox en Chisec, Alta Verapaz. También la Comunidad Secoyon en San Cristobal Alta Verapaz. Cumplir con el barrido catastral en las fincas y anexos de Monte Blanco y Ribacó; en general, agilizar la regularización de las tierras que las comunidades han poseído de generación en generación.

xi.     En todos los casos demandamos que se garant¡ce derecho y el acceso a la tierra para parte de las mujeres indígenas y campesinas, así como la copropiedad de las tierras.

 SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS:

Históricamente el Estado Guatemalteco se ha negado a reconocer los derechos de los pueblos originarios, a pesar de que es signatario de varios instrumentos internacionales que sí los reconocen. nuestras demandas de acceso, tenencia y recuperación de nuestras tierras, es vista por el Estado como invasión, usurpación de propiedades y por ende como ilegal. De igual forma nuestras luchas en defenia de nuestras tierras, territorio, bienes naturales como el agua, bosques, montañas son consideradas como actos de desestabilización y terrorismo. En consecuencia la implementación de amenazas, persecuc¡ón, repres¡ón, encarcelam¡ento de nuestros líderes y lideresas comunitarias, criminalizando de esta forma nuestras luchas.

La implementación de amenazas, persecución y encarcelamiento a líderes y lideresas comunitarias, la militarización de nuestros territorios o la implementación de medidas como “El estado de prevención” que no es más que la oficialización de acciones viles del Estado, como los desalojos de comunidades y violaciones a mujeres. Dichos actos atentan contra nuestros derechos elementales, como lo es la vida, la libertad, la justicia y la paz, derechos a la libertad como principios básicos de la carta de las Naciones Unidas.

El aumento de la autorización de licencias o concesiones de reconocimiento, exploración y explotación, minera, petrolera, hidroeléctricas y el cultivo de palma Africana en nuestras comunidades, autorizado por parte de ministerios del organismo ejecutivo, generan conflictividad social, como intimidación, agresiones, coacciones y asesinatos. Ante esta situación demandamos:

Cese total de los desalojos en contra de comunidades indígenas y campesinas que buscan el respeto a sus t¡erras y territorios. Establecer un pñtocolo que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas y campesinas y no actuar en todos aquellos casos donde no estén garantizados dichos derechos. Cancelar la intención de instalar una brigada militar en el Municipio de San Juan Sacatepéquez y un destacamento en Cunén, El Quiché, desactivación del destacamento militar de Campur, en San Pedro Carchá y en general, suspender o desactivar los destacamentos militares ubicados en comunidades con conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales y transnacionales que no respetan la voluntad comunitaria amparada por el Convenio 159 de la OlT.

Abstenerse de enfrentar la problemática social con medidas de fuerza y por lo tanto, suspender la decisión anunciada por el Ministro de Gobernación de decretar estado de excepción para Santa María Xalapán y garantizar gue prevalezca el diálogo y el respeto a la tierra de comunidades indígenas en complimiento del Art. 57 Constitucional y el Convenio 159 de la OIT Para crear un ambiente de paz y tranquilidad en las regiones donde se encuentran comunidades indígenas y campesinas, eliminar toda expresión discriminatoria en contra de los miembros de las comunidades, por parte de las autoridades locales y nacionales, es decir que cese todo señalamiento de “ingobernales” “invasores”; “usurpadores”, “vínculos con el narcotráfico o crimen organizado”; etc. Suspender el despliegue de fuerzas militares o policíacas en comunidades donde exista conflictividad social, incluido el Municipio de Cunén: Coordinar con las autoridades comunitarias las acciones para el mantenimiento de la armonía y tranquilidad en dichas comunidades. Respetar a las autoridades comunitarias y ancestrales, así como sus mecanismos para la resolución de conflictos, actuando en coordinación con ellas en los casos que sea necesario. Ejecutar las órdenes de captura en contra de los responsábles de agresiones y asesinatos como los casos de Adolfo lch Chamán, Antonio Beb Ac y los casos en los que fueron agredidos miembros de las comunidades indígenas y campesinas y cuyos agresores se movilizan con total impunidad y la complicidad de la PNC.

 Monocultivos y Megaproyectos varios.

Los Pueblos Originarios, antiguos habitantes de este territorio donde hemos creado y recreado nuestra identidad, cultura y cosmovisión, elementos sustancial que nos impulsa a querer, amar y defender nuestra Madre Tierra; tenemos una relación especial con ella; no es únicamente un recurso al que hay que explotar hasta su agotamiento. Nuestra identidad está fundada en esa relación especial y por lo mismo, a lo largo de generaciones hemos cuidado las regiones donde los sucesivos despojos nos han dejado. Convenios internacionales y diversos instrumentos dan reconocimiento a esta relación y a los derechos colectivos que los amparan. Pero además hay artículos constitucionales que, pese a no haber sido desarrollados en leyes específicas, refuerzan la vigencia de nuestros derechos colectivos. Pese a todo lo anterior, el Estado Guatemalteco se niega a reconocer nuestros derechos colectivos y por eso demandamos:

ll.     Como primer paso, la suspensión de operaciones de ¡os d¡stintos proyectos mineros, hidroeléctricos o de construcción de megaproyectos, que están causando confl¡ct¡v¡dad e impactos en comunidades campesinas e indígenas.

ilt.     La investigación, deducción de responsabilidades y revisión de todas las medidas anómalas, actos de corrupción, estudios de impacto ambieñtal amañados y demás medidas poco transparentes y sin consulta a las comunidades afectadas según el Convenio 169 de la OlT, que dieron lugar a la concesión de licencias de exploración y explotación minera o construcción de hidroeléctricas y megaproyectos.
tv. Fundamentalmente demandamos la cancelación de las licencias de exploración y explotación minera, concretamente nos referimos a:

a) La Empresa Maya Níquel, conocido también como Jaguar Níquel. Dichas empresas operan sin que exista un estudio de impacto ambiental, utilizando tóxicos que contaminan el agua de las fuentes hídricas y territorio, que ponen en peligro la vida del pueblo Maya Q eqchí.

b) En San Miguel lxtahucán y Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana Exploradora, desde hace siete años está operando, contaminando las fuentes de agua, degenerando construcción de viviendas y generando conflictividad social entre familias y comunidades. Cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Cancelación de las licencias otorgadas a los diversos nombres gue toma la Gold Corp.

c) San Juan Sacatepequez, más de 12 comunidades de aproximadamente 75,000 habitantes, están siendo violentadas por la Empresa Cementos Progreso, San José Mincesa y Minerales S.A. para la explotación de mina-cemento, por lo tanto, corresponde cancelar las licencias de exploración y explotación en este municipio.

d) En Jalapa, la licencia de exploración y explotación minera en El Patache o Agua Colorada, Cerro Chino o Volcán Alutate, ubicado en terrenos de la Comunidad lndígina Xinca de Santa María Xalapán, por lo tanto, se deben de cancelar las 16 licencia de exploración y las 15 de explotación minera en nuestro Departamento ya que el Pueblo Xinca no ha sido consultado para ver si éste es el modelo de . desarrollo que se necesita.

e) La licencia minera del Proyecto en San Rafae! Las Flores, Santa Rosa, que se otorgó sobre la base de un estudio de impacto ambiental inadecuado.

f) La concesión minera en Las Delicias y Varejones en Jalapa g) La concesión minera en San Carlos Alzatate,

h) La cancelación de licencia minera en Rocwaqax, en Cobán, Alta Verapazi) La licencia concedida a la CGN en El Estor, Alta Verapaz.

j) En el departamento de Guatemala, en los municipios de: San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho, San Antonio La Paz, Palencia, Chinautla, se han otorgado varias licencias de reconocimiento, exploración y explotaciones mineras, que geográficamente entrecruzan los departamentos de Guatemala, El Progreso, Baja Verapaz, lalapa, Santa Rosa. Entre las licencias actuales: UNA Licencia de Reconocimiento de 588 km2), 39 de Explotación que abarca n 129 kmt y 25 Exploración con una extensión de 678 kmz; de ellas 22 son licencias metál¡cas, 15 son no metálicas y 28 de construcción; en particular, además de la otorgada a Cementos Progreso, también las otorgadas en el proyecto El Tambor Progreso 7 Derivada, que ya está afectando las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

k) Cancelación de la licencia de explotación Minera, de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo

l)     El respeto a los resultados de todas las consultas comunitarias realizadas y que se realicen en el futuro, donde la población exprese su voluntad soberana y democrática.

v.5 La cancelación de las autorizaciones y apropiación de ríos-para la construcción de hidroeléctricas y distribución de energía eléctrica, en lo específico nos referimos a:

a) En Zona Reyna e lxcán la construcción de la hidroeléctrica Xalalá

b) En los departamentos: Alta Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala. La Transportadora de Energía de Centro América S.A TRECS{ desarrolla el proyecto “Plan de Expansión de Transmisión PET¬01-2099, como acción medular para la implementación de cualquier megaproyecto.

c) En el Área lxil, la construcción de las hidroeléctricas Hidroxacbal, Palo Viejo I y ll

d) Huehuetenango: en 11 de los 32 municipios, las empresas están llegando a los ríos con prepotencia y amenazas, para medir caudales y cercar terrenos a la orilla de éstos ríos, sin el consent¡miento de las comunidades y pueblos.

e) La instalación del tendido eléctrico de alta tensión en Santiago Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San Rafael Las Flores

f) Proyectos: “Hidroeléctrica Entre Ríos”, en el río Lanquin, del Departamento de Alta Verapaz, afectando de manera directa a 5 comunidades y un aproximado de 300 familias.

g) También proyectos en Hidroeléctrica Sta. R¡ta y Raxha en Cobán ; Renace I y ll en Lanquín y Cahabón; Hidroeléctrica Trece Aguas en Senahu, A.V., Hidroeléctrica Sta. Teresa en Tucuru A.V. , Hidro Sulin e Hidro Matanzas en Purulha B.V. ; Proyecto hidroeléctrico San lsidro y Quixalito en San Cristobal A.V., la hidroeléctrica de San Pedro Carchá, así como el Anillo de lnterconexión Norte que atraviesa San Cristobal, Sta. Cruz, Tac Tic, Tucuru, Purulha, Tamahu y Polochic.

h) El intento de construcción de una hidroeléctrica en Sta Rita en región de Balbatzul, Cubilwitz, Cobán.

i) El territorio de las comunidades Ch’orti’ de los departamentos de Chiquimula y Zacapa están siendo amenazados por la construcción de la Hidroeléctrica denominada “El Orégano” a partir de un estud¡o de impactó ambiental que carece de sustento técnico y aceptación de comunidades chortís, por lo que debe ser cancelada; así mismo, y la exploración y explotación minera por empresas nacionales y trasnacionales.

Respeto al derecho a la vida, el agua y elementos de la Madre Naturaleza, incluidos

a) El derecho al agua de las comunidades de la cuenca baja de los ríos en la Costa Sur y la cancelación de concesiones de uso de ríos para utilización en monocultivos (palma africana, caña, hule, banano, pasto). lnvestigación de los abusos y resarcimiento a comun¡dades afectadas

b) El derecho al agua y cuidado del bosque en San Juan Sacatepéquez por lo tanto, la cancelación de la licencia forestal otorgada en la Finca San José Ocaña, por el INAB a Guillero Sánchez Ayau, debido a que en este bosque se encuentran nacimientos que abastecen a las comunidades de San Juan Sacatepéquez.
c) En Alta Verapaz, la plantación y producción de la palma africana, cultivo de caña en región de Polochig matriz energética en San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Lanquin, Cahabón y Purulha, además de la explotación minera en Cahabón y Senahú.

4. APOYO A LA APROBACIÓN DE LEYES.

¡. El organismo ejecutivo no solo tiene iniciativa de ley, sino que le corresponde al presidente vetar o no una determinada ley. Además, ser partido en el gobierno otorga una responsabilidad particular eljefe del ejecutivo. Por lo mismo, demandamos:

a) Apoyo para la aprobación de la iniciativa de ley 4084.

b) Apoyo para la aprobación de la propuesta de ley de medios de comunicación comunitarios, , planteada como iniciativa de ley número 4087.

c) Apoyo a la iniciativa de Ley 4M7,ley Generalde Pueblos lndígenas,

d) Apoyo a la iniciativa de ley de Lugares Sagrados.

e) Apoyo a la iniciativa de ley Ley General sobre Derechos de los Pueblos lndígenas.

f) Apoyo a la iniciativa de Ley de Tierras de Comunidades de Pueblos lndígenas.

Pueblos originarios, organizaciones comun¡tar¡as, autor¡dades, organizaciones indígenas, campesinag V populares, convergenc¡as y movimientos aglut¡nadas en la lndígena Campesina y Popular

Wajxaq’ib B’atz 27 de maÍzo de 2012.

RESPUESTAS DEL EJECUTIVO A LAS DEMANDAS DE LA MARCHA INDIGENA, CAMPESINA Y POPULAR

lntroducción En virtud que el Presidente de la República reconoce que las demandas planteadas por la Marcha lndígena y campesina, son de carácter estructural e históricas, es que se dan respuestas concretas a los planteamientos realizados, el gobierno lo hace de la manera que a continuación se refiere.

TEMA UNO: DEUDA AGRARIA: El Gobierno se compromete a resolver la deuda agraria a través de la creación de un SUBSIDIO con el objeto de amortizar las deudas contraídas con el fondo de Tierras, para el acceso a la tierra y desarrollo del área Chortí.

TEMA DOS: Conflictividad en el Polochic El gobierno se compromete a abordar con prioridad inmediata la conflictividad agraria en la región del Valle del río Polochic, garantizando el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Se utilizarán los recursos con que cuenta la Secretaría de Asuntos Agrarios para que un mínimo de 300 familias afectadas, al año, tengan acceso a la tierra vía el Programa de Atención a Crisis, de la Secretaría de Asuntos Agrarios. También se compromete a garantizar que las empresas de seguridad privada, contratadas por la empresa Chabil Ulzaj, ni otro grupo de fuerza irregular intervengan en el área, para que se cumpla con el derecho que tiene la población de no ser víctima de presiones y amenazas procedentes de dichas fuerzas, si las hubiere.

Que el Ejecutivo emita el acuerdo gubernativo, que corresponde, a efecto que la finca 8 de Agosto sea adjudicada a la comunidad que lo solicita, en virtud que el inciso ?” del Artículo 8 de la LEY DE FONTIERMS, establece que las tierras del Estado que no están destinadas a ningún fin especifico como el caso de esta finca, se adjudique a la comunidad que lo solicita, dejando sin efecto la adscripción a favor del ICTA y/o MAGA . Tomando en cuenta que dicho inmueble está siendo utilizada para vivienda provisional y para garantizar en forma mínima las necesidades de seguridad alimentaria, y que de la misma dependen más de 100 familias afectadas por los desalojos, lo’que implica un interés superior para el Estado.

TEMA TRES. Que el Ejecutivo, promueva una iniciativa de Ley ante el Congreso para declarar la Moratoria de todas las operaciones en proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas. Hacer cumplir los artículos 127 y 128 constitucionales que rige el uso de aguas nacionales.Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, creará un acuerdo ministerial que revoque el permiso de uso de aguas nacionales para tal objetivo; acotando a criterios de Respeto al Derecho Nacional e Internacional y viabilidad ambiental. Que el Ejecutivo impulse la iniciativa de ley ante el Congreso de la República para la Moratoria del Proyectos mineros.

Tema CUATRO. Solución de conflictos de la comunidad de Santa María Xalapán La SAA y el sistema de dialogo Realizarán un estudio histórico de la Comunidad lndígena de la Asociacion Santa Maria Xalapan y los linderos definidos por la real cedula y que se regularice y registre en la Propiedad lnmueble a favor de la Asociación Civil Comunidad lndígena Santa María Xalapan, como comunidad indígena. lncluir esta comunidad como territorio priorizado en el Plan Hambre Cero.

TEMA CINCO: Gonflictos en la Sierra Ghinajá Ya existe un Convenio de regularización para las 14 comunidades que viven en esta área protegida. El compromiso es que las comunidades queden fuera de la definición delárea núcleo y que Fontierras regularice inmediatamente. En el caso de Sierra de las Minas se establecerá una comunicación inmediata con Defensores de la Naturaleza para buscar soluciones efectivas, de acuerdo a lo que ellos han trabajado al respecto.

TEMA SEIS: Solución de conflictividad en Quiché y las Verapaces. Regadío: la Secretaría de Asuntos Agrarios priorizará el caso para dar la solución a favor de la comunidad.

TEMA SIETE: Retiro de tropas militares de territorios donde hay conflictividad social, como el caso de Santa María Xalapan, San Juan Sacatepequez, y la comunidad Los Olivos en Cobán, Alta Yerapá2.

TEMA OCHO: Propuesta del mecanismo para dar respuesta al resto de puntos planteados en el documento de demandas. El Ejecutivo fija como plazo para dar respuesta a las demás demandas planteadas de casos concretos, eldía 17 de abril del presente año. TEMA NUEVE: Para la continuidad del proceso se fija como próxima fecha de reunión el día DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, a las DIEZ HORAS en PALACIO NACIONAL.

SALVAGUARDAS: El Presidente de la República firma el presente documento con las siguientes salvaguardas:

1. La solución del tema de la deuda agraria será objeto de consultas multidisciplinarias con participación de todos los interesados y con carácter vinculante para encontrar el mecanismo idóneo para resolver dicha problemática.

2.     En relación al tema dos, se hará el análisis técnico-jurídico y una vez el mismo declare que es procedente, y siempre y cuando no afecte las funciones que corresponden al ICTA.

3.     El tema tres, relativo a la moratoria allí expuesta, no puede ser aceptado en los términos planteados. No obstante ello, es necesario un estudio profundo jurídico constitucional al respecto, así como hacer las correspondientes consultas a los órganos jurisdiccionales en casos específicos, para respetar la independencia de poderes.

4. El tema siete, relativo a la presencia del Ejército: tampoco puede ser aceptado en los términos planteados. Esto demanda una evaluación integral por motivos de seguridad ciudadana de las propias comunidades en que las unidades del Ejército apoyan a las fuerzas de seguridad. Se buscarán mecanismos que permitan al Ejecutivo hacer las consultas correspondientes con las autoridades legalmente constituidas, en el ánimo de encontrar soluciones.

5. El tema ocho no constituye un mecanismo, sino que un plazo. El Ejecutivo hará una propuesta de mecanismo para darle seguimiento al tratamiento de las demandas planteadas en el documento que fue presentado, dada la complejidad de la problemática expuesta. Para tal caso, se establecerá un cronograma lo suficientemente realista para todas las partes involucradas.

DEMANDAS Y ACUERDOS CON EL LEGISLATIVO

Señor
Gudy Rivera
Presidente, Junta Directiva Organismo Legislativo

Nosotros los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales y organizaciones vinculadas a convergencias y movimientos indígenas de Guatemala, aglutinadas en la Marcha lndígena Campesina y Popular. Hemos venido ante usted a exponer nuestras denuncias y demandas, ante la situación de los derechos humanos y colectivos de nuestros Pueblos y Organizaciones.
El Estado guatemalteco, ha firmado y ratificado instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el pacto de Derechos civiles y políticos, el convenio 16 de la organización del Trabajo OlT, el acuerdo sobre identidad y derechos de los Pueblos tndígenas como resultado de los Acuerdos de Paz y la Declaración Universal de los Pueblos lndígenas, entre otros, que no se aplican, cotidianamente, en los tribunales del país y menos en materia administrativa. Sin embargo nos percatamos de que existe una Política S¡stemática que viola permanentemente los derechos individuales y colectivos expresados en prácticas de discriminación, racismo, despojo de tierras, criminalización, remilitarización, persecución y encarcelamiento a dirigentes y líderes comunitarios de nuestros pueblos.

Por tal razón acudimos ante el Congreso Nacional de la Republica considerando que quienes lo integran, son elegidos democráticamente por el pueblo por tanto deben velar por la promoción de leyes que beneficien a las grandes mayorías y derogar aquellas leyes que son lesivas para los derechos de los pueblos

En Ia historia Guatemalteca desde la creación del Congreso de la República de Guatemala, pocas veces ha beneficiado a la población en general lo cual ha significado para nuestros pueblos, las constantes violaciones a los derechos humanos, la destrucción y sagueo de nuestros Bienes Naturales y por lo mismo hemos adoptado medidas desde nuestras propias formas de organización, amparados en la legislación Nacional e lnternacional como el convenio 169 de la Organización lnternacional de Trabajo. En ese marco hemos realizado consultas comun¡tar¡as en donde la población guatemalteca ha dado un rotundo no a las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, hidroeléctrica, monocultivos y petróleo, en nuestros territorios. Mientras tanto, el Estado ha declarado a través de la Corte de Constitucionalidad que las consultas realizadas NO SON VINCULANTES, violando de esa forma nuestro derecho a la consulta, previa, libre e informada.

Actualmente nuestras demandas de acceso, tenencia y recuperación de nuestras tierras es vista por el Estado como invasión, usurpación de propiedades y por ende es ilegal. De igual forma nuestras luchas en defensa de nuestras tierras, territorio, bienes naturales como el agua, bosques, montañas son consideradas como actos de desestabilización y terrorismo. En consecuencia la implementación de amenazas, persecución, represión, encarcelamiento de nuestros líderes y lideresas comunitarias, criminalizando de esta forma nuestras luchas. En ese sentido, solicitamos al Congreso de la República:

Aprobación de Urgencia Nacional de la lniciativa de Ley 4084, Ley delsistema Nacional de Desarrollo Rural lntegral

Aprobación de la Legislación sustantiva y procesal agraria (Código Agrario Procesal y Sustantivo y Tribunales Agrarios)

Aprobación de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, planteada como iniciativa de ley número 4087, presentada ante el legislativo en fecha 20 de agosto de 2009.-    lniciativa de ley 4O47 Ley General sobre Derechos de los Pueblos lndígenas, presentado ante el organismo legislativo.

Ley de Lugares Sagrados¬

Ley de Tierras de Comunidades de Pueblos lndígenas.

–    lmplementación de lniciativa de Ley que derogue los artículos delCódigo Penal que se refieren a Usurpación y Usurpación Agravada.
Pueblos originarios, organizaciones comunitarias, autoridades, organizaciones indígenas, campesinas y populares, convergencias y movimientos aglutinadas en la Marcha lndígena Campesina y Popular

DEMANDAS CON EL ORGANISMO JUDICIAL

Señores Magistrados: Corte Suprema de Justicia
República de Guatemala

Nosotros los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales y organizaciones vincüladas a convergencias y movimientos indígenas de Guatemala, aglutinadas en la Marcha lndigena Campesina y Popular, hemos venido ante ustedes a exponer nuestras denuncias y demandas, ante la situación de los derechos humanos y colectivos de nuestros Pueblos y Organizaciones y la criminalización que el estado viene haciendo en contra de nuestros dirigentes y miembros de base de nuestras organizaciones.

Guatemala ha suscrito instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto lnternacional de Derectos Econémkoe, Soclales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y PolÍticos, el Convenlo 159 sobre Pueblos lndlgenas y Tdbales en Palses lndependientes de la Organización lnternacional del Trabajo OlT, el Acuerdo sobre ldentldad y llerechos de los Pueblos lndlgenas y Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria como resultado de los Acuerdos de Paz, entre otros. Sin embargo dichos instrumentos que son derecho vigente no son aplicados de forma cotidiana en los tribunales de justicia, desde los jueces de paz, jueces de primera instancia-civil y/o penal o laboral, Corte Suprema de Justicia e incluso Corte de Constitucionalidad, nos percatamos de que existe una polftica sistemática del Estado que viola permanentemente los derechos individuales y colectivos expresados en prácticas de discriminación, racismo, despoJo de tierras, criminalización, remilitarización, persecución y encarcelamiento a dirigentes y líderes comunitarios de nuestros pueblos.

Por tal razón acudimos ante la Corte Suprema de Justicia porque como ciudadanos consideramos que es el garante ante de los derechos individuales y colectivos de toda la población y que deben actuar sin privilegios a ningún grupo ya que la justicia solo cumple su vérdadera función, cuando cumple el papel para la que fue creada es decir cuando actúa con toda imparcialidad.

En la historia de la Justicia Guatemalteca ha significado injusticia para los pueblos, las constantes violaciones a los derechos humanos muchos de ellos identificados como de lesa humanidad, genocidio pasado, presente y futuro así.como la destrucción y saqueo de nuestros Bienes Naturales y por lo mismo hemos adoptado medidas dqsde nuestras propias formas de organización, amparados en la legislación Nacional e lnternacional como el Convenio 169 de la Organización tnternacional delTrabajo. En ese maico hemos realizado consultas comunitarias en donde la población guatemalteca ha manifestado un rotundo no a las licencias de reconoc¡m¡ento, exploración y explotación minera, hidroeléctrica, monocultivos y petróleo, en nuestros terr¡tor¡os. Mientras tanto, el Estado ha declarado a través de la Corte de Constitucionalidad que las consultas realizadas NO SON VINCUIANTES, violando de esa forma nuestro derecho a la consulta, previa, libre e informada.

Actualmente nuestras demandas de acceso, tenencia y recuperación de nuestras tierras, es vista por el Estado como invasión, usurpación de propiedades y que por ende es ilegal, ante la ausencia de legislación procesal y sustantiva agraria ni de tribunales agrarios. De igual forma nuestras luchas en defensa de nuestras tierras, territorio, bienes naturales como el agua, bosques, montañas son consideradas como actos de desestabilización y terrorismo. En consecuencia la implementación de ameñazas, persecución, represión, encarcelamiento de nuestros lfderes y lideresas comunitarias, criminalizando de esta forma nuestras luchas.

Por todo lo anterior solicitamos la investigación profunda sobre los autores intelectuales y materiales en los desalojos y asesinatos en el Valle del Polochic, pues ya ha transcurrido un año y continúan en la impunidad entre ellos:

o     Asesinato de Antonio Bec Ac, Oscar Reyes y Margarita Chub Che

o     La detención y encarcelamiento de Manuel Xuc Cucul-    Suspensión total de todo t¡po de desalojos ya que esto transgrede los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios ya que un estado ddebe ser garante de los derechos y no debe convert¡rse en agresor de la propia ciudadanía.

–    Dejar sin efecto las ordenes de captura y persecución en contra de comunitarios, comunitarias y dlrigentes del movimiento indigena campesino y popular que se mencionan a continuación:

–    Mujeres de San Marcos y mujeres de San lldelfonso lxtahuacan (Gregoria Crisanta Pérez Bámaca, Crisanta Hernández Pérez, Patrocinia Mateo Mejía, Catalina Pérez Hernández, Olga Bámaca González, María Día?, Crisanta Yoc, Marta Pérez. San Juan Sacatepégus (Juan Set y Osvaldo Car), Polochic (Julio Miguel Chub y Samuel Cucul|, El Regadío, San Miguel Uspantán, El Quiché (Felipe Gut¡erréz C¡fuentes, Andrés Gutierrez Cifuentes, Obdulio Argueta Chávez, Tomás Chávez y Juan Chávez), Cunén, El Quiché {Maximiliano Pérez Lux}, compañeros de Santa Rita en región de Balbatzul, Cubilwiü C¡bán: Mario Ja, Renato Chocoj, Darío Choc y Angel Toc y 11 personas más.

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Suspensión de acusaciones en contra de Daniel Pascual, Domingo Hernández y Ricardo Cajas. En San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en contra de Milton Carrera, Julio Palenc¡a, Antonio Reyes, Vidal Díaa Yoly Oquelly Oscar Morales.

Investigar y establecer la violación al debido proceso en los casos de Efraín Díaz, Abelardo Curup, Pablo Sacrab Pop de Saquimó Setaña. Porfirio Cotzojay y Faustino Camey de San Juan Sacatepéquez, Roberto González Ucelo, Mayordomo de la Comunidad lndígena Xinka de Santa María Xalapán. Felipe Gutiérrez del Ragadío. ManuelXuc de Polochic.

Agilización de la redención de penas para Ramiro Choc de Lívingston, en el Juzgado 2do. de Ejecución Penal. Creación y aprobación de protocolo de desaloJos basado en el respeto a los derechos colectivos y humanos en concordancia con la legislación nacional internacional pertinente, especialmente los artfculos 66,67 y 58; el Convenio 169 de la OlT, del 9 al 14 y la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos lndígenas de la ONU. lnvestigación de tráfico de influencias, especialmente en los juzgados de primera instancia penal de: NEBA,, QUKHE; JAIAPA, COBAN,ALTA VERAPAZ, SAI.AMA, BA,A VERAPAZ, PIAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE, PUERTO BARRIO$ lZABAt” JUEZ DE UECUCION SEGUNDO EN GUATEMAIA; en donde en distintos procesos penales se ha evidenciado arbitrariedad, injusticia, parcialidad, tráfico de influencias y corrupción, así como desconocimiento total y absoluto de la vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Que se instruya a todos los órganos jurisdiccionales en cuanto a la vigencia y positividad de los convenios y tratados ratiffcados por el estado de Guatemala en mater¡a de derechos individuales y colectivos de los pueblos indÍgenas.

Qué, tal como existe en el MP se establezca un protocolo para los desalojos en los casos de usurpación y usurpación agravada que se fundamente en la ley vigente, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado, en el que previo a ordenar un desalojo se establezcan los elftremos pertinentes como el área, ubicación, medidas y col¡ndancias, el hecho de si los sindicados se encuentra dentro del área supuestamente usurpada, no únicamente por el dicho de los denunciantes sino que se establezca fehacientemente mediante la utilización de la técnica correspondiente.

Asimismo, que en estos delitos de usurpación se establezca la existencia o no de derechos históricos de los pueblos indígenas sobre el área supuestamente usurpada, de conformidad con el convenio 169 y el artículo 67 Constitucional.

Que para la sanción y juzgamiento de los miembros de los pueblos indfgenas por delitos relacionados con la lucha por la tierra y el territorio y sus recursos naturales se apliquen los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT que imponen al estado el deber de tomafen cuenta sus características económicas, sociales y culturales, dándole preferencia a sanciones distintas a la prisión.

Que los diferentes órganos jurisdiccionales resuelvan los recursos presentados por la defensa de los imputados de forma pronto y apegados a derecho para evitar el retraso del proceso de genocidio. Que se garantice la seguridad de testigos, jueces, tltulares y sujetos procesales involucrados en los casos por genocidio. Que las autoridades de estado se abstengan de dar declaraciones sobre genocidio.
Pueblos originarios, organizaciones comunitarias, autoridades, organizaciones indígenas, campesinas y populares, convergencias y movimientos aglutinadas en la Marcha Indigena Campesina y Popular

http://marchaindigenacampesinaypopular.wordpress.com/

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